Delitos ambientales, protección de la bioversidad y prohibiciones diversas

Se agravarán las penas correspondientes a delitos contra el medio ambiente y contra la biodiversidad, extendiéndolos para incluir delitos contra la resiliencia social y ecológica. Se ampliarán de manera muy importante los recursos humanos y materiales para la protección de la naturaleza y para la persecución de este tipo de delitos. La protección de bosques, cultivos, agua e insectos polinizadores será prioritaria.

Se condicionarán todas las políticas sectoriales al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad, especialmente en áreas clave como agricultura, pesca, planificación hidrológica, energía o turismo.

Se promoverá la restauración de ecosistemas degradados, generando infraestructuras verdes para aumentar la capacidad de los ecosistemas de proporcionar servicios como el control de inundaciones o el mantenimiento de la línea de costa.

Se establecerá una Fiscalidad Ambiental que prime la restauración, conservación y resiliencia del medio ambiente penalizando la contaminación, la destrucción de resiliencia y el mal aprovechamiento de los recursos. La Fiscalidad tendría carácter redistributivo y finalista.

Se prohibirá la quema de restos vegetales como medio para deshacerse de ellos, promoviéndose la devolución de su materia orgánica a los suelos mediante enterramiento, compostaje u otras técnicas tradicionales o de permacultura. Se excluirá la quema con funciones de calefacción o cocina.

Se prohibirá el uso deportivo de combustibles fósiles (competiciones automovilísticas o de motocicletas).