Reconversión industrial y laboral

A lo ya comentado en otros puntos, como los relativos a la reagrarización, sugerimos añadir las siguientes medidas:

Se promoverá el cierre de aquellas industrias que, instaladas en el territorio nacional, contribuyan más al Cambio Climático. Aquellas que puedan ser reconvertidas a industrias de bajo impacto ecológico y bajo consumo energético, que produzcan bienes de primera necesidad para la población española, serán reconvertidas con ayuda estatal. Los contingentes de trabajadores y trabajadoras que no puedan continuar empleados en dichas fábricas serán recolocados en otros sectores, especialmente en el sector primario para la producción sostenible de alimentos.

Se fomentará la identificación y reconversión de empresas dependientes directa o indirectamente del petróleo. Se elaborará una guía para esa reconversión, se subvencionarán auditorías de dependencia energética y resiliencia, y se ofrecerá asesoramiento para el proceso de adaptación.

Reestructuración de los procesos productivos para el cierre de los ciclos (economía circular).

Se fomentará la reorientación de las empresas productivas hacia las necesidades internas del país, reevaluando la viabilidad de las exportaciones en escenarios de costes crecientes o volátiles del transporte y de desabastecemiento de combustible.

Se apoiarán económicamente proyectos empresariales que proporcionen productos básicos sustitutivos a los que actualmente importa España.

Se favorecerá la recuperación de sectores industriales (sustentables) con vocación productiva orientada al mercado español e que fuesen abandonados en el contexto de la mundialización económica.

Identificar los productos críticos de los que carecerá España a causa del fin del petróleo barato y estimular su producción local (o de productos sustitutivos) incluso a partir de empresas públicas o con participación de capital público si fuese necesario o conveniente.

Se apoyará a las CCAA para que identifiquen (mapeen) los recursos locales y las capacidades locales de producción en cada comarca.

Reforma laboral para el reparto del trabajo asalariado, reducción del tiempo de trabajo y potenciación del trabajo (labor) comunitario.

Se fomentará con programas formativos específicos la integración de los parados, sobre todo los de larga duración, en nuevos oficios y servicios para la resiliencia y para la TE.

Se ofrecerán incentivos para la recuperación de oficios que impliquen reparación, mantenimiento, reutilización y reciclaje local de materiales y productos usados. Se integrarán los puntos limpios de las ciudades con estos servicios, ofrecendo en ellos productos reparados/reciclados gratuitamente a personas o colectivos sin ánimo de lucro que los necesitaren.

Se favorecerá fiscalmente a las empresas que faciliten el teletrabajo para evitar el desplazamiento de sus trabajadores de fuera de las ciudades y como medida complementaria favorecedora del retorno al campo. También se favocerá el alquiler y compartición de equipamiento como alternativa a la compra, y para favorecer la ampliación de la vida útil de los produtos y maquinaria.

Se penalizará la obsolescencia programada y se favorecerá la producción de bienes para toda la vida. Se desarrollará una normativa que favorezca la fabricación de productos duraderos, reparables y con circuitos de recuperación.

Analizar la posibilidad de seguir las recomendaciones del economista Herman Daily en cuanto a tasar el empleo de materiales y energía de los productos y servicios en lugar de su valor añadido (IVA), ya que los primeros son negativos socialmente (agotamiento de recursos, contaminación…) mientras que lo segundo es un bien para la sociedad y por tanto debería aminorarse su carga fiscal.

Se incorporará un nuevo criterio a todos los baremos para la concesión de cualquier tipo de ayudas a empresas, que cuantifique la eficiencia energética de dicha empresa, su ahorro de energía y materiales y su sostenibilidad en sentido fuerte. Dicho criterio tendrá la máxima relevancia, al mismo nivel que otros como la creación de empleo, la contribución a la resiliencia social o la prestación de servicios o bienes de primera necesidad a la sociedad.