Revisión de planes de inversión pública, presupuestos y cuentas públicas. Reestructuración del Estado

Revisar todos los planes de inversión pública bajo un escenario permanente de petróleo escaso y de precios volátiles, especialmente en aspectos como previsión de costes y de ingresos, así como de disponibilidad de materiales y usos previstos.

Revisar los presupuestos y el nivel de endeudamento a la luz de un contexto permanente de declive de la actividad económica actual (medida por el PIB). La reformulación de las cuentas públicas debería realizarse bajo parámetros netamente diferentes a las recetas actuales. En un contexto de reestructuración económica general también debe haber un cambio revolucionario en el modo de entender las cuentas públicas en materia de ingresos y de gastos. Sin menoscabo de los servicios públicos gratuitos fundamentales, cuyo derecho debería permanecer inalienable, debería caminarse hacia una reconfiguración más descentralizada, más autónoma, frente al gigantismo de estructuras administrativas donde a burocracia y el dirigismo centralizador absorbe una parte crecente de los recursos públicos y que deberían utilizarse en favor de una extensión de la gratuidad de los mismos.

Se promoverá la descentralización de todos los servicios del Estado, evaluando en cada caso las ventajas e inconvenientes desde el punto de vista del ahorro energético y de la resiliencia de los mismos. Se llevará a cabo la comarcalización administrativa de los diversos territorios del Estado, cediendo competencias estatales a los entes comarcales, con el criterio de relocalizar los centros de decisión y goberno. Se asegurará el carácter democrático de las nuevas instituciones de goberno comarcal, que sustituirían a las Diputaciones provinciales y al concepto de provincia. Esta reestructuración debería ser aprobada por cada Comunidad Autónoma.

Se reducirá la jornada laboral de los trabajadores públicos en dependencias administrativas a 4 días/semana, aumentando las horas/día proporcionalmente. En servicios que esto pudiese perjudicar a colectivos sociales (educación, sanidad) debería estudiarse la manera de realizarlo con el mínimo perjuicio social.

Se promoverá la difusión de buenas prácticas para la resiliencia entre todas las administraciones estatales así como con entidades privadas.

Se buscará en la aplicación y diseño de las medidas incluidas en esta ley, la máxima implicación de la sociedad civil, y se aplicará el principio de subsidiariedad con consonancia con las medidas de relocalización socioeconómica. Esto implicará que se delegará en los niveles más próximos a la población, aquellas medidas que tengan una aplicación más local: CCAA, ciudades autónomas, entes comarcales, cabildos insulares y ayuntamientos. El gobierno del Estado realizará entre ellos labores de coordinación e impulso, así como el reequilibrio territorial.