Transición (Energética) justa

(Los números de artículos hacen referencia al borrador con fecha de 10/11/2018.)

Este apartado tiene una gran importancia y debe ser ampliado y profundizado. En el documento remitido al Ministerio el 28/11/18 sólo se incluyeron algunos aspectos de dicha profundización, excluyendo aquellos de mayores repercusiones políticas:

(Art. 25) Se ampliará el concepto de “transición justa” a las personas de otros países, especialmente aquellos más afectados por el cambio climático, con las cuales España reconoce una deuda climática proporcional a su responsabilidad en las emisiones causantes del CC. Consecuentemente, se aplicará un nuevo Estatuto de Refugiado/a Climático/a a todas aquellas personas procedentes de dichos países que deseen trasladarse a vivir a España. Se promoverá que otros países en el seno de la UE y de la ONU aprueben estatutos análogos. Esta medida acerca de los refugiados climáticos también está en consonancia con el principio rector 2.c, de “quien contamina paga”, aplicado a nivel internacional.

Se firmará y aplicará el Protocolo de Uppsala (o de Rimini) de Agotamiento del Petróleo, y se promoverá en el ámbito de la UE e internacionalmente su aplicación, asi como entre las CC.AA. y los entes locales españoles. Se realizarán las modificaciones legales al conjunto del corpus legal español para hacerlo coherente con dicho Protocolo. Sólo un protocolo internacional como el de Uppsala puede asegurar una transición pospetróleo justa a nivel mundial, al evitar la competencia y confrontaciones previsibles por los últimos recursos fósiles. La firma del Protocolo de Uppsala o Rimini ya fue realizada en 2011 por un parlamento de nuestro entorno, el portugués, aunque no ha llegado a tener efectos prácticos (Assembleia da República, Resolução 109/2011).

Declaración institucional a favor de la resolución pacífica de cualquer conflicto internacional ocasionado directa o indirectamente por la competencia por los cada vez más escasos recursos energéticos y materiales, por la tierra fértil, el auga y otros, por medio del diálogo y la cooperación y renunciando al empleo de medios bélicos para disputar esos recursos. También se debe estar alerta ante las tentativas de destrucción de sociedades competidoras por los recursos, no sólo al expolio por vía militar o comercial injusta.

Dado que no es un justo que mientras se intenta realizar una transición hacia un modelo sostenible en España, otros países realicen acciones en sentido contrario, se establecerá una nueva política exterior contra el CC y por la TE, especialmente en el ámbito económico, para reducir la colaboración de todo tipo con países que lleven a cabo dicho tipo de políticas consideradas agravadoras del CC y se primarán las relaciones y la colaboración más estrecha y preferencial con aquellos que demuestren políticas acordes con la TE definida en esta ley. La Transición Energética debe ser justa también en el plano internacional. Promoción de alianzas internacionales por una(s) nueva(s) civilización(es) poscrecimiento. Abandono de las organizaciones militares internacionales, organizaciones económicas y financieras internacionales que promueven un modelo insostenible.

Se introducirá, como mecanismo de reparto justo de la energía disponible durante el proceso de TE, un mecanismo negociable de cuotas (TEQs).

Se gravará la riqueza mediante nuevos impuestos o ampliando los ya existentes. Se instituirá un límite máximo a los ingresos. Se modificarán diversas legislaciones para permitir que la ciudadanía pueda salir adelante con un uso mínimo de dinero (prevenir los desahucios; subsidiar los alimentos y facilitar que la gente la cultive). Se incentivarán economías no monetarizadas en las que las personas tengan autonomía y no dependan de un salario. Se contribuirá a este esfuerzo promoviendo la exaltación cultural generalizada de las virtudes de la sencillez material y del bajo consumo material.

El carácter internacional del concepto de Transición Energética Justa se justifica, entre otros factores, por el hecho de que que cada nuevo vehículo eléctrico, pese a no emitir CO₂ donde circule, lo ha emitido en los países donde se han extraído los materiales necesarios para su fabricación, y donde se ha fabricado, no sería justo con dichos países promover la sustitución de un parque móvil de las dimensiones del actual por otro eléctrico, aparte de implicar un enorme consumo energético global tanto en dicha fabricación y trasporte como en la disposición de los vehículos substituídos en los desguaces, ya que supondría el consumo de, al menos, 32 millones de TEP y la emisión de entre 150 y 1.000 millones de Tn de CO₂.

En el 25.1 debería sustituirse “trabajadores” por “personas”, ya que excluye a aquellas personas no trabajadoras, con lo cual no podría ser “justo”. También sugerimos incorporar a “las generaciones venideras”.

Por otro lado, en una economía en contracción, la desigualdad extrema es una bomba de relojería social cuya explosión a menudo toma la forma de rebeliones y revueltas. Reducir la desigualdad económica requiere dos líneas simultáneas de acción:

1. Primero, reducir los excedentes de aquellos que tienen más gravando la riqueza e instituyendo un límite máximo a los ingresos.
2. Segundo, favorecer al conjunto de los que tienen menos facilitando que las personas puedan salir adelante con un uso mínimo de dinero. Vid. apartado sobre Difusión del declive energético, concienciación ciudadana y cambio cultural.

Dado que la desigualdad es un factor que empeora y acelera el colapso (Motesharrei et alt. 2014), una política para la resiliencia debería ser una política de reparto de la (menguante) riqueza que incluyese, necesariamente, medidas de nacionalización/socialización de recursos, expropiaciones y reparto de recursos básicos como la tierra.